Alrededor de 600 mil personas se atienden cada año en la Corporación de Asistencia Judicial, servicio que entrega asesoría y defensa jurídica gratis a quienes no pueden costearla.

No obstante, diversas dificultades que afectan a esta institución en algunas comunas perjudican el desarrollo efectivo de éstas.

Un ejemplo de lo anterior ocurre en el Consultorio Jurídico de San Ramón, ubicado en la municipalidad de la comuna. Ahí, trabajan 3 abogados, una asistente social y 19 egresados de derecho que están haciendo su práctica profesional, los cuales deben turnarse porque no caben en el lugar.

Según Jéssica Cardenas, una de las beneficiadas con el servicio, "la abogada tiene la amabilidad de salir, conversar conmigo. Pero tenemos que estar en el patio donde las otras personas están escuchando, donde hay frío, humedad (...) De hecho hasta de salir con los papeles, de estar escribiendo en las faldas tampoco es cómodo para ellos".

Esta situación empeoró tras la reforma en los tribunales de familia, ya que la cantidad de usuarios aumentó notablemente. Incluso, en la actualidad, hasta ese consultorio asisten entre 50 y 60 personas requiriendo acceso gratuito a la justicia.

"La verdad es que es muy incómodo, tanto para ellos como para nosotros. Ahora nosotros tratamos de hacerlo lo menor posible dentro de nuestras posibilidades", asegura Tatiana Maulén, abogada jefe del centro.

Los problemas de infraestructura se repiten en otros consultorios jurídicos como el de Melipilla, el cual también atiende a los habitantes de Alhué, San Pedro y María Pinto.

De acuerdo a Osvaldo Soto, director de la Federación de las Corporaciones de Asistencia Judicial (Fenadaj), "es bastante denigrante atender a un usuario casi como si fuera una confesión lo que te viene a contar. Y tiene que ser de esa forma cómo los atendemos para que, a veces, sus vecinos y amigos que no conocen sus problemas familiares, no los escuchen".

A esto se suma una sobrecarga laboral que influye en la calidad de la atención: un abogado de familia puede tramitar unas 400 o 500 causas al mes, ejemplo. Incluso, en la Corporación de Puente Alto, una de las comunas más habitadas del país, solamente por recibir una primera orientación hay que esperar 4 meses.

Por otro lado, los practicantes no reciben sueldo para alimentación o traslado. No obstante, y pese a las condiciones, los postulantes califican su trabajo de gratificante.

Asimismo, en la mayoría de los casos llevan sus propios computadores. Esto debido a que que los que hay están asignados a los abogados y asistentes sociales estables.

Iniciativa polémica

Con el objetivo de modernizar el servicio, el Ministerio de Justicia elaboró un proyecto de ley que aún no ingresa a la Cámara. Pero que ya es rechazado por los gremios, ya que, entre otras cosas, aumenta a 380 mil pesos el ingreso familiar requerido para ser beneficiario. Actualmente, el tope es de cerca de 125 mil.

"A nosotros no nos cabe en la cabeza esto de que el gobierno quiere invertir en invertir en la parte de la red social, que es lo mas importante, y reduzca la oferta publica", afirma Claudia Fachinetti, presidenta de la Fenadaj, sobre una iniciativa crucial para consolidar o no el acceso de los pobres a la Justicia.

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